EL NUEVO DIARIO, SAN SALVADOR. – El ministro de Salud de El Salvador, Francisco Alabí, condenó este domingo el ataque de un grupo armado contra una ambulancia de MSF, en la que se movilizaban dos profesionales de la salud y que llevó a la organización humanitaria a suspender temporalmente sus actividades en el país.
“Condenamos el ataque sufrido a Médicos Sin Fronteras y nos ponemos a disposición para apoyarles en todo lo necesario. Nuestro trabajo como médicos debe respetarse, dado que nuestro único objetivo es: salvar vidas”, publicó Alabí en su cuenta de Twitter.
La Agencia EFE intentó conocer la versión de las autoridades sobre el ataque a MSF o más detalles del caso mediante un enlace de prensa, pero la consulta no fue respondida.
Luis Romero, coordinador de MSF en El Salvador, señaló a la prensa que “todas nuestras actividades médicas están suspendidas, pero no canceladas, hasta poder indagar al respecto y saber que nuestras intervenciones se puedan llevar a cabo en seguridad”.
Detalló que el equipo agredido estaba formado por un médico y un auxiliar de enfermería, quienes se “encuentran estables y se les está dando seguimiento médico”.
Estas personas se dirigían en una ambulancia de MSF a brindar asistencia en una zona populosa del centro de El Salvador, cuando fueron obligados a bajar del vehículo.
Los profesionales sanitarios fueron “interrogados, amenazados y agredidos”, además sufrieron “heridas leves y contusiones”.
“Estamos indignados y tristes y hacemos un llamado a los actores armados en el país a respetar la misión médica. Nuestra acción es neutral, imparcial e independiente y brindamos ayuda a las personas en la hora de su mayor necesidad”, subrayó Romero.
La misión de MSF brinda asistencia médica y humanitaria en medio de la pandemia de la covid-19 en comunidades populosas en las cercanías a la capital, donde difícilmente llegan los servicios públicos de sanidad por la presencia de pandillas.
Pese a una sensible baja en la violencia en los últimos años, El Salvador es asediado por la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, pandillas que poseen unos 60.000 miembros distribuidos en más de 600 células a nivel nacional.
Estas bandas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro Administraciones.
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