El ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, ha destapado otro escándalo con el contrato por 22.7 millones de dólares que se habría otorgado grado a grado a una empresa, para colmo sin experiencia, para la instalación del laboratorio balístico para capturar las huellas de las armas de fuego.
El acuerdo con la firma Lionbridge Capital SRL suscrito en 2014 deja en manos de la empresa, según el funcionario, informaciones sensitivas del Estado y de la más íntima privacidad de los ciudadanos.
Vásquez Martínez no se limitó a denunciar las supuestas irregularidades, sino que apoderó a la comisión de abogados designada por el presidente Luis Abinader para la recuperación de los bienes del Estado para que determine la legalidad de la operación.
Es obvio que también la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) debe tomar parte en el caso.
Seguir leyendo...Fuente El Nacional https://elnacional.com.do/destape/
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