Aplicarse medidas de coerción alternativas a la prisión para acabar con la cultura de encarcelamiento sin acusación formal, violatoria de los derechos humanos, fue supuesto básico del Código Procesal Penal en la década de 2000. Para entonces 80 % de los presos eran preventivos. Bajó el porcentaje de detenidos preventivos, sí, (60 % ahora), pero por más población carcelaria el número de privados de prisión no condenados es mayor que antes del Código, paradójicamente. Hay abuso de prisión preventiva, que pena al acusado antes de que se demuestre su culpabilidad; si resulta inocente ¿Quién le compensa el daño moral, personal y profesional? En lo particular a la crisis sanitaria, Naciones Unidas instó a reducir poblaciones carcelarias para combatir el covid-19.
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